{"id":2638,"date":"2024-12-08T15:29:50","date_gmt":"2024-12-08T19:29:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.abintabogados.com\/web\/?p=2638"},"modified":"2024-12-08T15:29:50","modified_gmt":"2024-12-08T19:29:50","slug":"la-preservacion-de-la-historia-de-los-servicios-de-salud-y-de-los-especialistas-en-caso-de-que-se-interrumpa-de-manera-voluntaria-el-embarazo-a-la-luz-de-la-sentencia-t-402-de-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.abintabogados.com\/web\/2024\/12\/08\/la-preservacion-de-la-historia-de-los-servicios-de-salud-y-de-los-especialistas-en-caso-de-que-se-interrumpa-de-manera-voluntaria-el-embarazo-a-la-luz-de-la-sentencia-t-402-de-2024\/","title":{"rendered":"La preservaci\u00f3n de la historia de los servicios de salud y de los especialistas en caso de que se interrumpa de manera voluntaria el embarazo \u2013 A la luz de la Sentencia T-402 de 2024"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

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El pasado 23 de septiembre de 2024, la Sala Novena de revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, revoc\u00f3 la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., y en su lugar ampar\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso en lo relacionado con el archivo de queja y a los derechos a la intimidad, la confidencialidad y privacidad de los datos sensibles, al habeas data, a la reserva legal de la historia cl\u00ednica, a la salud sexual y reproductiva de una mujer en el marco del acceso a la IVE y de vivir una vida libre de violencias.<\/p>\n\n\n\n

PANORAMA DEL CASO EN CONCRETO<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Los antecedentes de esta decisi\u00f3n se ocasionaron por una acci\u00f3n de tutela interpuesta por una mujer llamada \u201cPaula<\/em>\u201d (nombre adoptado por la Corte para proteger los datos personales de las partes) por considerar la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, dado que, la IPS B -a la cual ingres\u00f3 al servicio de urgencia- divulg\u00f3 con la Fundaci\u00f3n C los datos de su historia cl\u00ednica sin contar con su autorizaci\u00f3n, por tanto, ella y su familia recibieron llamadas y mensajes de WhatsApp para que desistiera de la decisi\u00f3n de practicarse la IVE.<\/p>\n\n\n\n

En raz\u00f3n a lo ocurrido, \u201cPaula<\/em>\u201d present\u00f3 quejas en contra de la IPS B y la Fundaci\u00f3n C ante la Superintendencia Nacional de Salud \u2013 Supersalud, la Secretar\u00eda Distrital de Salud y la Superintendencia de Industria y Comercio \u2013 SIC por la violaci\u00f3n de confidencialidad, la seguridad, la privacidad de los datos sensibles contenidos en la historia cl\u00ednica, adem\u00e1s de indicar la existencia de fallas presentadas en la calidad y acceso de servicios de IVE.<\/p>\n\n\n\n

El juez de primera instancia declar\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela y desvincul\u00f3 del tr\u00e1mite a la Supersalud, a la Secretar\u00eda Distrital de Salud y al Hospital D, considerando que no vulneraron ni amenazaron los derechos de \u201cPaula<\/em>\u201d, adem\u00e1s indic\u00f3 que no exist\u00edan pruebas de las supuestas quejas presentadas, por lo que no pod\u00edan dictarse las \u00f3rdenes solicitadas. Adem\u00e1s, precis\u00f3 que, al no haberse demostrado que la IPS B hubiera ejercido un mal manejo de su historia cl\u00ednica o de sus datos personales, no podr\u00edan tutelarse los derechos fundamentales invocados.<\/p>\n\n\n\n

Ante la impugnaci\u00f3n de la accionante, el juez de segunda instancia confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, considerando que \u201cPaula<\/em>\u201d cuenta con otros medios de defensa para debatir la responsabilidad de la IPS B y, como no se alleg\u00f3 ninguna prueba que evidenciara la afectaci\u00f3n de sus derechos, deb\u00eda acudir a los mecanismos legales ordinarios.<\/p>\n\n\n\n

PROTECCI\u00d3N CONSTITUCIONAL EN RELACI\u00d3N CON LA IVE:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Sentencia C-355 de 2006 se pronunci\u00f3 sobre el delito de aborto contenido en el C\u00f3digo Penal vigente, estableciendo que, al ser un derecho fundamental de las mujeres y ni\u00f1as, deb\u00eda ser despenalizado en tres circunstancias espec\u00edficas:<\/p>\n\n\n\n

I.<\/em><\/strong> Cuando la continuaci\u00f3n del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un m\u00e9dico; II.<\/strong> Cuando exista grave malformaci\u00f3n del feto que haga inviable su vida, certificada por un m\u00e9dico y III.<\/strong> Cu\u00e1ndo el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminaci\u00f3n artificial o transferencia de \u00f3vulo fecundado no consentidas, o de incesto.<\/em><\/p>\n\n\n\n

La sentencia C-355 de 2006 -al reconocer este derecho- crea la opci\u00f3n, pero no obliga a ninguna mujer a optar por la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo, con lo cual se ratifican los derechos a la autonom\u00eda y la autodeterminaci\u00f3n reproductiva. Por ello, es preciso que las mujeres cuenten con asesor\u00eda en opciones, en la que se les informe que a\u00fan estando inmersas en alguna causal pueden optar por seguir con la gestaci\u00f3n y asumir la crianza o dar el producto de la gestaci\u00f3n en adopci\u00f3n. (\u2026)\u201d <\/em>(Ministerio de Salud, 2016, p. 2).<\/p>\n\n\n\n

No obstante, mediante la Sentencia C-055 de 2022, la Corte Constitucional se pronunci\u00f3 nuevamente sobre el delito de aborto y examin\u00f3 las barreras que se han presentado para la materializaci\u00f3n de la IVE dentro de las tres causales indicadas previamente, especialmente por la falta de normativa expresa sobre el particular a pesar de los exhortos realizados al Congreso de la Rep\u00fablica, por ende, se decide:<\/p>\n\n\n\n

Declarar la exequibilidad condicionada del art\u00edculo 122 de la ley 599 de 2000 \u201cpor medio de la cual, se expide el c\u00f3digo penal\u201d, en el sentido de que la conducta de abortar all\u00ed prevista solo ser\u00e1 punible cuando se realice despu\u00e9s de la vig\u00e9simo cuarta (24) semana de gestaci\u00f3n y, en todo caso, este l\u00edmite temporal no ser\u00e1 aplicable a los tres supuestos en los que la sentencia c-355 de 2006 dispuso que no se incurre en delito de aborto, esto es, \u201c(i) cuando la continuaci\u00f3n del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un m\u00e9dico; (ii) cuando exista grave malformaci\u00f3n del feto que haga inviable su vida, certificada por un m\u00e9dico; y, (iii) cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminaci\u00f3n artificial o transferencia de \u00f3vulo fecundado no consentidas, o de incesto\u201d.<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

El Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social \u2013 MSPS mediante la Resoluci\u00f3n 051 del 12 de enero de 2023 \u201cadopta la regulaci\u00f3n \u00fanica para la atenci\u00f3n integral en salud frente a la Interrupci\u00f3n Voluntaria del Embarazo (IVE)<\/em>\u201d donde da cumplimiento al exhorto que la Corte Constitucional le realiz\u00f3 en la Sentencia C-055 de 2022, indicando que \u201c[l]as atenciones y procedimientos para la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo se prestar\u00e1n a partir de la manifestaci\u00f3n de la voluntad de la ni\u00f1a, adolescente, mujer o persona gestante<\/em>\u201d (art. 6) y en los casos de solicitud posteriores a la semana veinticuatro (24) se \u201cidentificar\u00e1 la configuraci\u00f3n de alguna de las tres causales contenidas en la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional<\/em>\u201d (art. 7).<\/p>\n\n\n\n

CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. An\u00e1lisis del deber de reserva de la historia cl\u00ednica como garant\u00eda del derecho a la intimidad y al habeas data de los pacientes<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    El art\u00edculo 15 constitucional establece el derecho de todas las personas a conocer, analizar y rectificar la informaci\u00f3n que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y archivos de entidades p\u00fablicas y privadas. De igual forma, la Sentencia T-144 de 2024 explic\u00f3 que el objeto de proteger este derecho est\u00e1 constituido \u201cpor el poder de control que el titular de la informaci\u00f3n puede ejercer sobre quien (y c\u00f3mo) administra la informaci\u00f3n que le concierne<\/em>\u201d (p\u00e1rr. 83).<\/p>\n\n\n\n

    As\u00ed mismo, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 desarroll\u00f3 los principios para el tratamiento de los datos personales, incluidos aquellos denominados sensibles -dentro de los cuales se encuentran los datos que afectan la intimidad como la salud-, el requerimiento de la informaci\u00f3n previa e informada del titular, los derechos de los titulares de los datos y los deberes de los administradores de las bases de datos, con el prop\u00f3sito que el titular de los mismos conserve la potestad de control y conocimiento sobre el tratamiento y finalidad de su recolecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    De lo anterior se colige el derecho a la intimidad, el cual se entiende como aquella facultad que tiene la persona para oponerse a las intromisiones injustificadas al \u00e1mbito que ha reservado para s\u00ed o para su familia, a la divulgaci\u00f3n de hechos privados y a las restricciones a su libertad para tomar decisiones sobre asuntos que s\u00f3lo le conciernen al individuo, lo cual constituye una prohibici\u00f3n para el Estado y los particulares de inmiscuirse sin justificaciones en la esfera \u00edntima del titular.<\/p>\n\n\n\n

    Dicha garant\u00eda encuentra protecci\u00f3n constitucional en diversos art\u00edculos -v.gr. 18, 33, 42, 74 y 250- as\u00ed como la protecci\u00f3n internacional en diferentes instrumentos internacionales, como en la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos de 1948[1]<\/a>, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos de 1966[2]<\/a>, la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos[3]<\/a> y en la jurisprudencia nacional como en la Sentencia T-280 de 2022[4]<\/a>, entre otras.<\/p>\n\n\n\n