{"id":2950,"date":"2025-12-14T18:46:27","date_gmt":"2025-12-14T22:46:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.abintabogados.com\/web\/?p=2950"},"modified":"2025-12-14T18:47:05","modified_gmt":"2025-12-14T22:47:05","slug":"la-experticia-grafotecnica-en-la-legislacion-venezolana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.abintabogados.com\/web\/2025\/12\/14\/la-experticia-grafotecnica-en-la-legislacion-venezolana\/","title":{"rendered":"La Experticia Grafot\u00e9cnica en la legislaci\u00f3n Venezolana."},"content":{"rendered":"\n
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En el derecho procesal civil venezolano, la prueba pericial, particularmente la experticia grafot\u00e9cnica, juega un rol fundamental en la resoluci\u00f3n de controversias sobre autenticidad de documentos privados, como en casos de tacha de falsedad. El juez goza de amplia discrecionalidad para valorar estas pruebas (art. 1427 del C\u00f3digo Civil), pero dicha facultad no es absoluta, pues debe garantizar la b\u00fasqueda de la verdad procesal (art. 12 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil) y respetar principios constitucionales como el debido proceso, el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva (arts. 26 y 49 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela).<\/p>\n\n\n\n

La reciente sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), N\u00b0 1587 del 15 de octubre de 2025 (exp. 24-1202, ponente: Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos), aborda un caso paradigm\u00e1tico: la omisi\u00f3n de ordenar una nueva experticia grafot\u00e9cnica ante contradicciones evidentes entre peritos genera una violaci\u00f3n constitucional, espec\u00edficamente del principio de expectativa plausible y confianza leg\u00edtima. Esta decisi\u00f3n anula una sentencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil (N\u00b0 583 del 31 de octubre de 2024) y ordena reponer la causa para practicar una nueva pericia, preferentemente en laboratorios estatales (como los de la Guardia Nacional Bolivariana).<\/p>\n\n\n\n

El litigio subyacente era un juicio por cumplimiento de contrato de compraventa de acciones y da\u00f1os y perjuicios, fundado en un documento privado del 25 de octubre de 2013. La parte demandada tach\u00f3 el instrumento de falso. Se evacu\u00f3 una experticia grafot\u00e9cnica con tres peritos: uno concluy\u00f3 autenticidad (con variabilidad posible), mientras que los otros dos declararon falsedad. Existieron informes separados, contradicciones en conclusiones y solicitudes reiteradas de nueva pericia por parte del actor (Aly Jos\u00e9 Ferrer P\u00e9rez).Los tribunales inferiores y la Sala de Casaci\u00f3n Civil declararon con lugar la tacha, bas\u00e1ndose en la mayor\u00eda pericial, sin ordenar nueva experticia, considerando que la facultad era discrecional y que la mayor\u00eda bastaba para formar convicci\u00f3n.La Sala Constitucional, al revisar, declar\u00f3 ha lugar la solicitud, anul\u00f3 la sentencia de casaci\u00f3n y orden\u00f3 reposici\u00f3n para nueva experticia.<\/p>\n\n\n\n

La doctrina procesal venezolana, influida por autores como Hernando Devis Echand\u00eda (Teor\u00eda General de la Prueba Judicial, Tomo II, 4\u00aa ed., 1993), enfatiza que ante discrepancias parciales o totales en dict\u00e1menes periciales, el juez debe recurrir a una tercera peritaci\u00f3n si no alcanza certeza, motivando exhaustivamente su decisi\u00f3n (art. 233 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil). No basta la mayor\u00eda num\u00e9rica; prevalece la b\u00fasqueda de la \u00abverdad verdadera\u00bb sobre la mera formalidad. El principio de expectativa plausible o confianza leg\u00edtima, de rango constitucional (derivado de los arts. 21, 26 y 49 CRBV), protege la estabilidad jurisprudencial y proh\u00edbe cambios retroactivos que generen indefensi\u00f3n. Como ha sostenido la Sala Constitucional, este principio interdicta la aplicaci\u00f3n retroactiva de virajes jurisprudenciales m\u00e1s all\u00e1 de la ley, formando parte del bloque de constitucionalidad.<\/p>\n\n\n\n

La sentencia se aparta de criterios previos de la Sala de Casaci\u00f3n Civil y aplica una l\u00ednea vinculante de la propia Sala Constitucional y Casaci\u00f3n Civil: Sentencias citadas en el fallo: RC N\u00b0 363\/2017 (Giovanni Rodr\u00edguez Dos Ramos c\/ Martins Mar\u00eda de Jes\u00fas Laurenco), RC N\u00b0 461\/2022 (Mar\u00eda Oljovsky Petronsky c\/ Gonzalo Ar\u00e9valo Van Gieken) y RC N\u00b0 574\/2023 (Jes\u00fas David Mac\u00edas Hern\u00e1ndez), que establecen la obligaci\u00f3n de ordenar tercera experticia ante contradicciones grafot\u00e9cnicas para despejar dudas.<\/p>\n\n\n\n

L\u00ednea sobre expectativa plausible: SC N\u00b0 01\/08\/2011 (caso EDELCA), que consagra el principio como mecanismo contra cambios jurisprudenciales intempestivos; SC N\u00b0 1893\/2002 y N\u00b0 3711\/2005 (tutela judicial efectiva requiere motivaci\u00f3n razonable); SC N\u00b0 344\/2015 (indefensi\u00f3n por omisi\u00f3n de recursos de defensa).<\/p>\n\n\n\n

La Sala de Casaci\u00f3n Civil ha reiterado que apartarse de dict\u00e1menes periciales requiere motivaci\u00f3n exhaustiva (art. 1427 CC), y que discrepancias obligan a ampliaci\u00f3n o nueva pericia (arts. 1426 CC y 514 CPC).<\/p>\n\n\n\n

Esta decisi\u00f3n refuerza la jurisprudencia pac\u00edfica del TSJ en materia de pruebas periciales contradictorias, elevando la discrecionalidad judicial a un deber casi obligatorio cuando existe incertidumbre, bajo pena de violaci\u00f3n constitucional.<\/p>\n\n\n\n

La sentencia representa un avance en la protecci\u00f3n del debido proceso al transformar la facultad discrecional del juez (ordenar nueva experticia) en una expectativa protegida constitucionalmente ante contradicciones periciales. Sin embargo, genera debate: \u00bfhasta qu\u00e9 punto la \u00abexpectativa plausible\u00bb convierte una potestad en obligaci\u00f3n? Como se\u00f1al\u00f3 el abogado Salvador Benaim en su comentario p\u00fablico, resulta \u00abinteresante\u00bb cuestionar c\u00f3mo surge tal expectativa si la norma (art. 514 CPC) la deja al arbitrio judicial. No obstante, la Sala Constitucional prioriza la seguridad jur\u00eddica y la igualdad de armas, evitando que mayor\u00edas periciales num\u00e9ricas prevalezcan sobre dudas razonables, aline\u00e1ndose con el principio de b\u00fasqueda de verdad (art. 12 CPC).<\/p>\n\n\n\n

Esta sentencia N\u00b0 1587\/2025 consolida un criterio vinculante: ante discrepancias en experticias grafot\u00e9cnicas, la omisi\u00f3n de nueva pericia viola la expectativa plausible, confianza leg\u00edtima y debido proceso, generando indefensi\u00f3n. Constituye valiosa doctrina para futuros casos de tacha de falsedad o autenticidad documental, obligando a los jueces a motivar exhaustivamente rechazos a solicitudes de ampliaci\u00f3n probatoria. Los operadores jur\u00eddicos deben atender esta l\u00ednea jurisprudencial para evitar nulidades, priorizando laboratorios estatales en nuevas pericias para mayor objetividad. En \u00faltima instancia, refuerza el Estado de Derecho procesal venezolano, donde la estabilidad de criterios protege al justiciable de arbitrariedades judiciales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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