Mediante sentencia n\u00famero N\u00ba 37 de fecha 18 de marzo de 2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Emiro Garc\u00eda Rosas, reiter\u00f3 que la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa es la competente para conocer en materia de interdictos cuando est\u00e9 involucrado un organismo p\u00fablico.<\/p>\n
\u00a0\u00a0 En este sentido, la Sala determin\u00f3 lo siguiente:<\/p>\n
\u201c\u2026la Sala mantiene el criterio vigente sostenido en la sentencia N\u00b0 54 de esta Sala Plena publicada el 14 de agosto de 2013 en el\u00a0caso: Luisa Scrocchi Tovar, cuando, con ocasi\u00f3n de un interdicto de obra nueva, se dictamin\u00f3 que por encontrarse involucrada la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico -derivado de un contrato administrativo entre la empresa demandada y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente-, el conocimiento y decisi\u00f3n de la demanda interpuesta deb\u00eda ser conocida por la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa.<\/i><\/p>\n
(\u2026)<\/i><\/p>\n
En consecuencia, a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa le corresponde exclusiva y excluyentemente la competencia para conocer de cualquier controversia suscitada en el marco de una relaci\u00f3n jur\u00eddico administrativa, lo que\u00a0<\/i>origina dicho fuero atrayente frente a cualquiera otra jurisdicci\u00f3n, a los fines de procurar que todo asunto en que se encuentre implicada la Administraci\u00f3n P\u00fablica, sea conocido y decidido por jueces formados en la materia espec\u00edfica que ata\u00f1e a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, hecho que garantiza una mayor efectividad en la tutela judicial, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 259 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela. \u00a0<\/i> \u00a0<\/i><\/p>\n
Finalmente, la Sala decidi\u00f3:<\/p>\n
\u201c\u2026<\/i> <\/i>Como corolario del an\u00e1lisis anterior, esta Sala Plena concluye que la competencia para conocer de la demanda de interdicto incoada corresponde al\u00a0Juzgado Superior S\u00e9ptimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Regi\u00f3n Capital, por encontrarse cubiertos los presupuestos establecidos en el art\u00edculo 25.1 de la Ley Org\u00e1nica de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa.\u00a0 As\u00ed se decide.\u201d<\/i><\/p>\n