El\u00a0debido proceso y el derecho a la defensa en Colombia\u00a0son unos mecanismos que tiene todo ciudadano para defenderse de las acciones administrativas y judiciales de las diferentes entidades del Estado y privadas.<\/p>\n
Es considerado este derecho como parte esencial y fundamental del Estado Social de Derecho y de sostenimiento de la Democracia, porque impide las arbitrariedades de los gobernantes con los ciudadanos.<\/p>\n
\u00a0La\u00a0Defensor\u00eda del Pueblo\u00a0dice en su cartilla sobre los derechos a la salud que el debido proceso se basa en la existencia de unos procedimientos ya definidos por la ley; se entiende, adem\u00e1s, como un conjunto de garant\u00edas previstas por el orden jur\u00eddico que buscan proteger al individuo en una actuaci\u00f3n judicial o administrativa.<\/p>\n
En Colombia, mediante la Ley 1437 de 2011, se regulan las acciones o procedimientos administrativos y, al mismo tiempo, se le dan las herramientas a los ciudadanos para que puedan controvertir las pruebas aportadas en su contra. En este sentido, el debido proceso se da tambi\u00e9n en situaciones penales y no penales, como las sanciones o contravenciones de tr\u00e1nsito, por ejemplo. Una persona puede aportar pruebas para controvertir la imposici\u00f3n de un comparendo.<\/p>\n
\n\u201cLa garant\u00eda del debido proceso, plasmada en la Constituci\u00f3n colombiana como derecho fundamental de aplicaci\u00f3n inmediata (art\u00edculo 85) y consignada, entre otras, en la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos de 1948 (art\u00edculos 10 y 11), en la Declaraci\u00f3n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre proclamada el mismo a\u00f1o (art\u00edculo XXVI) y en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, 1969, Art\u00edculos 8 y 9), no consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, como parece entenderlo el juzgado de primera instancia, sino que exige, adem\u00e1s, como lo expresa el art\u00edculo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; la aplicaci\u00f3n del\u00a0principio de favorabilidad\u00a0en materia penal; el derecho a una resoluci\u00f3n que defina las cuestiones jur\u00eddicas planteadas sin dilaciones injustificadas; la ocasi\u00f3n de presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso seg\u00fan sus caracter\u00edsticas\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n
Hay un principio de favorabilidad y el derecho al debido proceso est\u00e1 garantizado por los Derechos Universales del Hombre y por ende ninguna instituci\u00f3n puede estar por encima de una persona.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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