Las certificaciones emitidas por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) tienen un impacto jurídico significativo dentro de las relaciones laborales. Una calificación de enfermedad ocupacional puede producir consecuencias importantes para trabajadores y empleadores: responsabilidades patronales, efectos indemnizatorios, modificaciones en las condiciones laborales y potenciales reclamaciones futuras.
Precisamente por ello, una reciente decisión judicial vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta de enorme relevancia:
¿hasta dónde puede llegar un tribunal al revisar una certificación técnica emitida por INPSASEL?
La respuesta no es menor. El caso analizado deja una reflexión que trasciende el expediente concreto: las decisiones administrativas poseen una presunción de validez, pero ello no significa que estén exentas de revisión judicial ni que su contenido escape al análisis probatorio y jurídico.
El origen del caso
La controversia comenzó luego de que INPSASEL certificara una enfermedad ocupacional asociada a una lesión lumbar y determinara una discapacidad parcial permanente en favor de una trabajadora. La conclusión administrativa sostenía que la condición médica había sido ocasionada o agravada por las actividades desempeñadas durante la relación laboral.
Sin embargo, la empresa cuestionó la certificación y acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa alegando que existían inconsistencias relevantes dentro del expediente administrativo y errores en la valoración de los hechos considerados por el organismo.
Y allí comenzó el verdadero debate.
La enfermedad no era el problema
Uno de los aspectos más importantes del caso es que la discusión nunca giró alrededor de la existencia de la lesión.
Nadie negó la presencia de la patología ni las limitaciones físicas de la trabajadora.
La discusión fue otra:
¿la enfermedad tenía realmente origen laboral o fue agravada por el trabajo?
La diferencia es fundamental.
En materia de salud ocupacional no basta demostrar la existencia de una enfermedad. El elemento determinante consiste en establecer una relación clara entre las funciones desempeñadas y la condición médica diagnosticada.
Ese vínculo jurídico y técnico —conocido como nexo causal— suele convertirse en el aspecto más complejo dentro de este tipo de procedimientos.
Lo que observó el tribunal
Durante la revisión del expediente administrativo surgió un elemento particularmente relevante.
INPSASEL había señalado presuntos incumplimientos empresariales relacionados con obligaciones preventivas y medidas de seguridad laboral.
Sin embargo, dentro del expediente también aparecieron documentos vinculados con:
- programas de capacitación;
- registros de formación;
- constancias de actividades preventivas;
- evaluaciones relacionadas con seguridad laboral.
Para el tribunal surgió una interrogante importante:
si esos elementos existían dentro del expediente administrativo, ¿fueron realmente considerados y valorados al momento de emitir la certificación?
Ese punto adquirió un peso determinante dentro del análisis judicial.
El aspecto más delicado: determinar el origen de una lesión
La empresa sostuvo además que la trabajadora presentaba antecedentes médicos y otros factores personales que también podían influir en la condición diagnosticada.
Y ello condujo a una pregunta particularmente compleja:
¿qué parte de la lesión puede atribuirse a las condiciones laborales y cuál responde a factores personales o degenerativos?
En la práctica, este tipo de controversias rara vez ofrece respuestas simples.
Muchas lesiones musculoesqueléticas tienen origen multifactorial y precisamente allí aparece una de las mayores dificultades probatorias: distinguir entre la existencia de una enfermedad y su verdadera causa jurídica.
El expediente también mostró elementos relevantes
Durante la investigación aparecieron descripciones de actividades que implicaban:
- manipulación frecuente de cargas;
- movimientos repetitivos;
- esfuerzos físicos continuos;
- tareas con exigencia ergonómica significativa.
Estas condiciones poseen potencial de riesgo desde el punto de vista ocupacional.
Y ello demuestra que el análisis no podía resolverse mediante una explicación simplificada basada únicamente en factores personales ni exclusivamente en condiciones laborales.
La realidad del caso exigía una evaluación integral.
La pregunta que deja la decisión
El expediente plantea una discusión especialmente relevante para empresas, trabajadores y operadores jurídicos.
INPSASEL es un organismo especializado cuya función consiste precisamente en desarrollar investigaciones técnicas y evaluar riesgos laborales.
Pero los tribunales, al mismo tiempo, tienen el deber de verificar que las decisiones administrativas se encuentren debidamente motivadas y sustentadas.
Y allí aparece el verdadero equilibrio:
las certificaciones técnicas no pueden convertirse en decisiones inmunes a revisión; pero el control judicial tampoco puede sustituir automáticamente análisis especializados sin un soporte suficiente.
Reflexión final
La decisión deja una enseñanza clara:
en asuntos relacionados con enfermedades ocupacionales, el verdadero debate muchas veces no gira alrededor de la existencia de una lesión, sino sobre la capacidad de demostrar adecuadamente su origen.
Porque en esta materia no basta con alegar enfermedad.
Tampoco basta afirmar cumplimiento empresarial.
Lo determinante sigue siendo la prueba.
Y cuando el nexo entre trabajo y enfermedad no se encuentra suficientemente explicado, la discusión deja de ser exclusivamente médica.
Se convierte, inevitablemente, en una controversia jurídica.
VER: https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/mayo/355698-226-18526-2026-25-742.HTML
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