Una guía jurídica para las víctimas de señalamientos falsos en redes sociales tras la emergencia sísmica en Venezuela.
En medio de una tragedia de la magnitud de los terremotos que golpearon a La Guaira, Caracas y buena parte del norte del país, el dolor no se limita a la pérdida material o humana. Para algunas personas, a la catástrofe se suma un daño silencioso y persistente: quedar marcadas públicamente por una acusación falsa que se viralizó en cuestión de minutos y que, semanas después, sigue siendo lo primero que aparece cuando alguien busca su nombre en internet.
En ABINT Abogados abordamos esta realidad no como un caso académico, sino como una situación concreta que puede estar afectando a víctimas reales de la emergencia. Esta guía explica qué es el derecho al olvido digital, cómo se resuelve en el derecho comparado y, sobre todo, qué puede hacer una persona en Venezuela para defender su nombre.
Qué es (y qué no es) el derecho al olvido digital
El derecho al olvido digital es una de las instituciones más complejas del Derecho Informático contemporáneo. Se ubica justo en la frontera entre el derecho a la información y los derechos a la privacidad, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad.
Conviene aclarar de entrada lo que no es: no es la facultad de censurar la historia ni de borrar arbitrariamente hechos incómodos. Es, más bien, la potestad jurídica de un ciudadano para exigir que los motores de búsqueda y los medios digitales desvinculen o desindexen enlaces que dirigen a información que, aun habiendo sido veraz en su momento, ha perdido toda relevancia pública con el paso del tiempo y se ha vuelto innecesariamente lesiva para su honor y su desarrollo profesional.
El estándar global: el caso Costeja contra Google
La referencia obligada a nivel mundial es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 13 de mayo de 2014, en el caso Costeja contra Google Spain. Allí el tribunal estableció que la actividad de los motores de búsqueda constituye un «tratamiento de datos personales», del cual los buscadores son responsables. En consecuencia, los ciudadanos pueden solicitar la eliminación de resultados de búsqueda que indexen datos inexactos, inadecuados o excesivos en relación con los fines para los que fueron tratados originalmente.
España: medidas técnicas de no indexación
Bajo la doctrina del Tribunal Supremo español (Sala de lo Civil, sentencia 545/2015 del 15 de octubre de 2015), la vinculación entre los datos personales de una persona y una información lesiva pierde justificación legal con el paso del tiempo cuando el afectado carece de relevancia pública. Ello autoriza a imponer a las hemerotecas digitales medidas técnicas de no indexación (como las etiquetas de exclusión «noindex»), sin que esto habilite a nadie a construir un pasado a la medida de sus intereses.
Colombia: un marco legal predecible
Colombia dispone de un marco estatutario claro a través de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, General de Protección de Datos Personales. Esta norma concede a los titulares de la información el derecho a conocer, actualizar, rectificar y, de manera decisiva, solicitar la supresión de sus datos cuando su tratamiento no respete los principios de finalidad, necesidad y proporcionalidad. Aunque la Corte Constitucional colombiana ha desarrollado su doctrina más extensa en materia de olvido financiero y de antecedentes penales, la vía de supresión de la Ley 1581 se ha convertido, en la práctica, en el instrumento más expedito para frenar la permanencia perpetua de información dañina en la red.
Venezuela: la protección existe, pero por vía constitucional
Venezuela presenta una asimetría regulatoria importante: no cuenta con una ley especial y sistematizada de protección de datos personales. Ante ese vacío, la fuente de derecho aplicable es directa, inmediata y de rango constitucional: el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reconoce a toda persona el derecho a acceder a la información que sobre sí misma conste en registros oficiales o privados, a conocer el uso y la finalidad de esos datos, y a solicitar ante el tribunal competente su actualización, rectificación o destrucción cuando sean erróneos o afecten ilegítimamente sus derechos.
Para hacer operativa esa garantía, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha consolidado la acción de habeas data como el mecanismo procesal idóneo. En decisiones sobre la pervivencia de antecedentes penales o policiales, el máximo tribunal ha sostenido que mantener registros desfavorables de forma indefinida, una vez cumplida la sanción o extinguida la causa, carece de justificación y vulnera el núcleo esencial de los derechos al trabajo, al honor y a la reinserción social. El propio tribunal ha precisado que la competencia para conocer de estas pretensiones recae en los Juzgados de Municipio en lo Contencioso Administrativo.
Se trata, por tanto, de una arquitectura jurídica de base constitucional y jurisprudencial, que se construye caso por caso. Existen debates doctrinales sobre la conveniencia de trasladar estos principios a una ley formal enfocada en proteger el honor frente a ataques anónimos en redes sociales; mientras ese desarrollo legislativo no ocurra, el ciudadano venezolano depende de la vía del amparo constitucional.
Cuando la emergencia se convierte en condena pública
En una catástrofe de gran escala, los flujos de información en redes se vuelven caóticos, urgentes y muy susceptibles a errores graves. Durante las labores de rescate, algunos creadores de contenido, movidos por la captura inmediata de audiencia, difundieron imágenes de personas en las inmediaciones de comercios destruidos, señalándolas sin fundamento.
Imaginemos el caso de un ciudadano que ingresa a una panadería colapsada con el único fin de sacar agua y suministros médicos para atender a familiares heridos. Un tercero lo graba y lo publica calificándolo, de forma categórica, como «saqueador que se aprovecha de la tragedia». El video se viraliza en minutos y desata sobre él un escarnio público a escala nacional.
Días después, las autoridades esclarecen los hechos y lo exculpan de toda conducta delictiva. Sin embargo, al buscar su nombre en internet, el primer resultado sigue siendo el video original o las notas que replicaron el señalamiento inicial. Meses más tarde, al postularse a un empleo, un reclutador lo descarta tras una simple búsqueda en la web. La información falsa ya fue desmentida, pero el daño reputacional permanece indexado y activo.
Qué puede hacer una víctima en Venezuela
Aquí es donde la asimetría regulatoria se vuelve tangible. En Colombia o en España, la persona afectada podría, en muchos casos, presentar una reclamación administrativa ante la autoridad de protección de datos correspondiente para exigir a las plataformas la desindexación de los enlaces lesivos en plazos relativamente breves.
En Venezuela, el camino es judicial. El afectado debe interponer una demanda de habeas data ante un Juzgado de Municipio en lo Contencioso Administrativo, invocando el artículo 28 constitucional. En el proceso deberá acreditar la falsedad originaria del señalamiento o la pérdida de justificación de la indexación activa, para que el juez ordene la destrucción o desindexación de los registros digitales dirigidos a buscadores y medios. Es una vía más exigente en tiempo y en técnica jurídica, precisamente en un momento crítico de reconstrucción personal.
Por eso la orientación profesional temprana marca la diferencia: cuanto antes se documente el señalamiento, se preserve la prueba de la exculpación y se estructure la acción, mayores son las posibilidades de detener el daño antes de que se consolide.
Esmeralda Belen.
Abogada Jr. Abint Abogados
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