En el ejercicio del derecho, es común encontrarse con conflictos familiares donde las pasiones desbordan la racionalidad. Sin embargo, existe una línea roja infranqueable en cualquier litigio: el Interés Superior del Niño. Una reciente sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Exp. AA-50-T-2023-000895, dictada el 12 de febrero de 2025) ha trazado un límite severo y ejemplarizante contra quienes pretenden usar a los menores de edad como instrumentos de ataque procesal.
Desde ABINT Abogados, promovemos constantemente la ética profesional y la resolución constructiva de conflictos. Este fallo nos invita a una reflexión profunda sobre la responsabilidad que recae en los adultos —y en sus asesores legales— al momento de activar el sistema de justicia penal y de protección.
El Caso: La Instrumentalización de un Menor
El caso analizado por la Sala Constitucional involucró a un niño de apenas seis años. Su entorno familiar, específicamente una tía actuando en su presunta representación, activó desde el año 2021 una serie de denuncias por abusos físicos y sexuales contra el núcleo familiar directo del infante.
Tras las investigaciones, incluyendo peritajes determinantes de la División Médico Forense del Ministerio Público, se demostró que las acusaciones eran infundadas. Lejos de detenerse, la accionante continuó movilizando al sistema judicial y a los Consejos de Protección, llevando el caso incluso a las redes sociales, donde se expuso la imagen y la intimidad del niño.
El Tribunal Supremo no se limitó a desestimar la acción por defectos de forma; fue más allá y analizó el daño irreparable que estas actuaciones temerarias estaban causando.
La Prioridad Absoluta: Cero Tolerancia a la Revictimización
El Interés Superior del Niño es un principio rector de rango constitucional y convencional que obliga a todas las autoridades e instituciones a garantizar el desarrollo integral de los menores. En este fallo, el TSJ dejó claro cómo se vulnera este principio a través del abuso del derecho a la acción:
- La Revictimización Institucional: Someter a un niño a constantes evaluaciones, interrogatorios y al estrés del sistema de justicia penal por hechos fabricados o inexistentes constituye, en sí mismo, una forma de maltrato psicológico.
- El Juicio Paralelo y el Escarnio Público: La Sala condenó enérgicamente la exposición del infante en redes sociales. Divulgar la intimidad familiar bajo la falsa bandera de buscar justicia genera daños morales e intelectuales en el menor, marcando su huella digital y su vida social de forma irreversible.
- El Fraude al Sistema de Protección: Saturar a los órganos del Estado (Fiscalías y Consejos de Protección) con denuncias sin fundamento no solo desgasta el aparato judicial, sino que desvirtúa la verdadera naturaleza de estas instituciones, creadas para proteger a las verdaderas víctimas.
Una Sentencia Ejemplarizante
La respuesta del Máximo Tribunal fue contundente. Más allá de exhortar a la ciudadana a cesar sus acciones temerarias, la Sala Constitucional ordenó remitir copia del expediente a la Fiscalía General de la República para iniciar una investigación penal contra la accionante.
Este mandato es un mensaje claro: inventar abusos, destruir la reputación de un núcleo familiar y usar a un niño como escudo para un litigio abusivo tiene consecuencias penales.
Reflexión Legal y Ética
El derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la denuncia no son patentes de corso para la difamación ni para la destrucción psicológica de un infante. Los tribunales han comenzado a sancionar de forma implacable el «litigio malicioso» en materia de protección.
Este precedente nos recuerda que la justicia debe ser siempre un espacio para la protección de los más vulnerables, no un campo de batalla para vendettas personales. El bienestar de los niños, niñas y adolescentes no es negociable, y su paz mental siempre debe prevalecer sobre cualquier estrategia judicial.
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